Abajo la dictadura en las represas

Junio 23, 2014 en Uncategorized por MesaNALR

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El patrón vigente de implantación de represas que ha propiciado, de manera recurrente, graves violaciones de derechos humanos, fue forjado durante la dictadura militar brasilera y persiste en los días actuales, en teoría asentados sobre un régimen democrático.

Por Leandro Gaspar Scalabrin (*)

La dictadura fue agente de la reestructuración del Ministerio de Minas y Energía (MME) y de la creación del Departamento Nacional de Aguas y Energía Eléctrica (DNAEE). En ese contexto, las estatales Eletrobrás, Eletrosul y Eletronorte, también creadas en el período militar, fueron responsables de la construcción de más de 30 grandes usinas hidroeléctricas: obras faraónicas, presuntuosas y sobrefacturadas, hacia las cuales fue desviada una enorme cantidad de recursos públicos. Entre las hidroeléctricas construidas en el período estaban Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá, Itaipu, Passo Fundo, Sobradinho y Balbina.

Estas obras fueron financiadas por empréstitos internacionales, que aumentaron la deuda externa brasilera y beneficiaron a las grandes empresas internacionales. Éstas se beneficiaron a través de la compra de equipamientos y de la venta de energía a precios subsidiados (empresas japonesas en el Pará) y a través de la construcción de las obras.

La dictadura consolidó la visión tecnócrata del sector eléctrico, que perdura, en parte, hasta el día de hoy. Según de esta visión, las represas representan el progreso, mientras que el hombre y la naturaleza son meros obstáculos para la construcción de las usinas, desprovistos de derechos y, por lo cual deben ser removidos. Como afirma una importante figura del sector en la actualidad: “no hay que discutir la Navidad con el pavo”.

La visión “patrimonialista” del afectado como un mero propietario, causa de innumerables violaciones, surge en ese período. En Itaipu, 40.000 personas del lado brasilero y 20.000 del lado paraguayo, fueron víctimas de violaciones de sus derechos, sin recibir indemnizaciones y sin ser reasentadas. Numerosos campesinos fueron “desaparecidos” y ni siquiera constan en las listas oficiales.

En la represa de Ilha Solteira (SP), la resistencia de los afectados fue tratada como “guerrilla” por la dictadura. El filme “El profeta de las aguas” narra la historia de Aparecido Galdino Jacintho, un líder religioso que se opuso a la construcción de la represa de Ilha Solteira (la mayor de Brasil en la época) a partir de 1966. Galdino fue juzgado por varios tribunales civiles y militares, acusado de violar la Ley de Seguridad Nacional, y por nueve años fue detenido con otros presos políticos y comunes en los presidios de Barro Branco, Tiradentes, Carandiru, además de las cárceles del DOPS y DOI-CODI(**). EN 1972, al ser condenado por los tribunales fue considerado “loco” (¿por no aceptar el progreso?) y fue transferido al manicomio judicial de Franco da Rocha donde cumplió la pena hasta 1979. Los campesinos que lo seguían fueron encarcelados por tres meses en la prisión de Estrela D’ Oeste.

Dentro de las empresas estatales del sector eléctrico fueron creadas las AESIs (Asesorías Especiales de Seguridad e Información), vinculadas a la División de Seguridad e Informaciones (DSI) y subordinadas al Servicio Nacional de Informaciones (SNI). Las AESIs eran responsables de espionaje, represión, delación, prisiones, secuestros y asesinatos de trabajadores y sindicalistas del sector eléctrico, líderes y afectados por las represas brasileras y de otros países, como en el caso de la AESI de Itaipu.

El DSI del MME producía informes secretos, incluso en 1984, sobre las movilizaciones de los afectados por las represas de la cuenca del río Uruguay, espiando a la Comisión Regional de Afectados por Represas (CRAB), una de las comisiones que crearía el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) en 1991, y la Comisión Pastoral de la Tierra.

La EASI de Eletrosul también realizaba sus registros de espionaje, los cuales están disponibles actualmente en el Archivo Nacional. El de número G0098322 del 18-9-84 analiza un cuaderno de estudios de la CRAB que presentaba las consecuencias del proyecto de construcción de 22 represas en la cuenca del río Uruguay. Otro dossier revela el espionaje de la asamblea realizada después de la democratización, el 5 de mayo de 1988, en el cual los soplones del sector eléctrico se muestran preocupados con la organización de los afectados, que estaban discutiendo la movilización nacional para realizar el I Encuentro Nacional de Afectados por Represas y “discutir y definir una filosofía igual para los movimientos de familias afectadas en todo el Brasil”.

Otro hecho que merece destacarse es que Itaipu fue moneda de cambio para el apoyo material y político de la dictadura brasilera a los conspiradores chilenos que derrumbaron el gobierno socialista de Salvador Allende. En retribución a este apoyo la dictadura brasilera exigió que Chile votase a favor de Brasil o se abstuviese de votar en el reclamo presentado por la Argentina en las Naciones Unidas contra la construcción de la usina binacional.

Los resquicios de la dictadura todavía colman las luchas y la realidad de los afectados por represas. La ley 7.170/83 (Ley de Seguridad Nacional) que considera sabotaje y crimen contra la seguridad nacional actos contra instalaciones de usinas y represas, aún en vigor, es un resquicio de esa época, y fue utilizado contra militantes del MAB que participaron de protestas en Rio Grande do Sul en los años 2000.

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Afectados enfrentan a la policía en Tucuruí, en 2005.

La mayor parte de la política energética nacional (ley 9.478/97), que considera la generación de energía a través de hidroeléctricas un hecho de “interés nacional” de “todos y todas” es otro resquicio de la dictadura, principalmente por el hecho de instituir un Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) sin ningún tipo de participación popular. El representante de la sociedad civil en este consejo no necesita representar a ninguna organización popular, pero sí necesita ser un “especialista en materia de energía” (decreto 5.793/2006). Además, la Política Energética Nacional nunca fue sometida al proceso de participación popular, a través de conferencias municipales, estaduales (de los estados) y nacionales, como ocurre con otras políticas públicas.

La legislación que trata acerca de los derechos de los afectados todavía es la misma que se utilizaba en la dictadura militar, la cual reconoce sólo el derecho del propietario, y como reparación sólo una indemnización en dinero: el decreto 3.365 impuesto en otra dictadura militar brasilera, la de Vargas en 1941.

Por estas razones, afectados y afectadas de todo el Brasil se sumaron a las luchas y las protestas contra el golpe militar de 1964, “desconmemorando” los 50 años del mismo, el 31 de marzo/1 de abril. ¡Dictadura nunca más, resistencia siempre!

Contamos con la movilización y apoyo de todos los compañeros y aliados de los afectados por represas para esta pelea y esperamos cerrar el 2014 con un nuevo tipo de conquista: la institución de una Política Nacional de Derechos para los afectados, un instrumento para comenzar a destruir los cimientos de la máquina de violación implantada en la dictadura.

(*) Integrante del Colectivo Nacional de Derechos Humanos del Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB). Artículo publicado originalmente en el periódico “Jornal do MAB” de mayo de 2014. Se incluyen las fotos de la publicación.

(**) Fueron las agencias de inteligencia y represión durante la dictadura brasilera, que utilizaban la tortura como método.